Un juez federal bloquea el cese del Título 42: Lo que hay que saber - Saenz-Garcia Law

Un juez federal bloquea el cese del Título 42: Lo que hay que saber

Apenas tres días antes de que el Título 42 finalizará el 23 de mayo, un juez federal de Luisiana impidió que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pusieran fin a esta polémica política. Con la orden judicial en vigor, es poco probable que el Título 42 se levante durante meses, posiblemente años.


Como resultado, la frontera sigue en un estado de confusión constante, con un mosaico de diferentes políticas que afectan a los migrantes de manera inconsistente, lo que hace que se repitan los encuentros fronterizos y alimenta el sufrimiento humano.


En virtud del Título 42, una política del CDC puesta en marcha en marzo de 2020, los agentes fronterizos han llevado a cabo más de 1.8 millones de “expulsiones” de personas tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Muchas de estas expulsiones fueron de las mismas personas que cruzaron la frontera más de una vez. En total, casi una de cada tres aprehensiones en la frontera en los últimos dos años fue una persona capturada en su segundo o mayor intento fallido de cruzar la frontera.


La política se ha aplicado principalmente a los adultos solteros, que han constituido la mayoría de las personas que cruzan la frontera desde que entró en vigor el Título 42. También se ha aplicado en menor medida a los solicitantes de asilo, siendo las familias centroamericanas y los ciudadanos haitianos los más vulnerables a la deportación. Los puertos de entrada siguen cerrados en gran medida a las personas que solicitan asilo, lo que obliga a muchos a cruzar entre puertos si quieren tener una oportunidad de acceder al proceso de asilo.


Los funcionarios de los CDC declararon en abril que ya no había motivos de salud pública para seguir rechazando a los solicitantes de asilo. Los CDC citaron la amplia disponibilidad de vacunas y pruebas como una de las razones por las que ya no existía ningún “peligro grave” al procesar a los migrantes bajo las leyes normales de inmigración.


En respuesta, una coalición de fiscales generales republicanos presentó una demanda en Luisiana para impedir que la administración de Biden pusiera fin al Título 42. En Texas se presentó otra demanda, pero en gran medida ha quedado relegada a un segundo plano respecto a la de Luisiana.


Los estados argumentaron en su demanda que el gobierno de Biden no podía poner fin a la autoridad de emergencia del Título 42 a través de los mismos medios que la orden se puso en marcha. En su lugar, los estados argumentaron que la administración de Biden tenía que pasar por una reglamentación de “aviso y comentario” y estaba obligada a dar al público la oportunidad de opinar sobre el intento de terminación antes de restaurar la ley de inmigración normal en la frontera. Hicieron este argumento a pesar de que la orden del CDC de la era Trump que ponía en marcha el Título 42 decía que podía terminarse en cualquier momento.


Los fiscales generales también argumentaron que la decisión del gobierno de Biden de levantar el Título 42 era arbitraria y caprichosa y que desataría una oleada de nuevos migrantes a la frontera, que perjudicarían a sus estados. A pesar de las claras pruebas de que el Título 42 ha sido el responsable de un importante aumento de los cruces fronterizos, los estados dijeron que la decisión de la administración Biden de no levantar el Título 42 sin un plan alternativo para rechazar a los migrantes era una receta para el desastre.


En su decisión, que da la razón a los estados, el juez Robert Summerhays, del Distrito Oeste de Luisiana, consideró que los estados tenían probabilidades de éxito en su afirmación de que la supresión del Título 42 es una “reglamentación” y, por tanto, requiere el uso de la notificación y los comentarios. Según este razonamiento, el CDC puede suspender todas las leyes de inmigración normales en caso de emergencia sin previo aviso, pero una vez que la emergencia ha pasado, el CDC está obligado a preguntar al público si debe permitir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar el procesamiento de los migrantes bajo las leyes de inmigración normales.


Dado que consideró que el CDC siguió un procedimiento equivocado para poner fin al Título 42, el juez Summerhays no se pronunció sobre si la decisión era arbitraria y caprichosa.


La elaboración de normas de notificación y comentario puede ser un proceso largo que probablemente llevará meses al CDC si pretende poner fin al Título 42 de nuevo. Requiere la preparación de un “aviso de propuesta de reglamentación” formal, un período de comentarios de 30 a 60 días, la revisión por parte de la agencia de todos los comentarios, la preparación de una norma final, la revisión por parte de la Oficina de Gestión y Presupuesto, y luego, por lo general, la norma final se retrasa al menos 30 días antes de entrar en vigor. E incluso si el CDC siguiera este proceso, los estados que se oponen al cambio de política podrían simplemente demandar de nuevo para bloquear esa nueva norma.


El gobierno de Biden ya ha presentado una notificación de apelación, lo que significa que tiene la intención de solicitar la revisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Ese tribunal ha sido casi universalmente hostil a la administración Biden en una amplia variedad de temas, incluyendo la inmigración. En consecuencia, es probable que el destino del Título 42 llegue al Tribunal Supremo en algún momento del próximo año.


Hasta entonces, es probable que el CDC intente seguir la orden del tribunal y revocar el Título 42 a través de una normativa de notificación y comentario. Pero a menos que ocurra algo drástico, es probable que el Título 42 siga vigente hasta entrado el año 2023, bloqueando cualquier cambio real en la frontera y manteniendo la mano de la administración de Trump al volante.