Casi un año después de que el Tribunal Supremo permitiera a un juez federal de Texas ordenar a la administración Biden que reiniciara los llamados “Protocolos de Protección de Migrantes” (MPP), el Tribunal Supremo falló a favor de la administración Biden el 30 de junio. Ahora el Tribunal Supremo permite a Biden poner fin al programa “Permanecer en México”.
La decisión no sólo permitirá al presidente Biden poner fin al MPP, también conocido como “Programa de Permanencia en México”, sino que también sostiene que el requerimiento original que ordenaba a la administración restablecer el programa era procesalmente inválido.
Como resultado, el memorando del Secretario de Seguridad Nacional Mayorkas de octubre de 2021 que pone fin al programa entrará en vigor por segunda vez. El gobierno de Biden puede ahora poner fin al programa a corto plazo, mientras que las impugnaciones a ese memorando renovado se abren paso en los tribunales.
La decisión fue escrita por el juez Roberts, a quien se unieron los jueces Kavanaugh, Breyer, Kagan y Sotomayor. La jueza Barrett escribió por separado para decir que estaba de acuerdo con el fondo de la decisión, pero disintió porque creía que el caso debería haber sido desestimado por motivos de procedimiento. Sólo los jueces Alito, Thomas y Gorsuch estuvieron de acuerdo con Texas en que la administración Biden estaba obligada a mantener el programa.
A corto plazo, la decisión significa probablemente el fin del MPP en la frontera. Con el segundo memorando de terminación del Secretario Mayorkas, que probablemente entrará en vigor en los próximos días, el gobierno de Biden debería poder comenzar a reducir el programa y, con suerte, permitir el reingreso de las más de 5,000 personas que había enviado de vuelta a México para esperar la fecha de su corte de inmigración. Sin embargo, el litigio sobre el programa continuará en Texas para determinar si el memorando de Mayorkas era válido en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En su decisión, el juez Roberts rechazó de plano todos los argumentos que Texas había ganado en los tribunales inferiores.
Dictaminó que el lenguaje de la ley de inmigración, que dice que cualquier administración “puede” enviar gente a México, no requiere que la administración de Biden envíe gente a México si no puede detener a todos los demás que cruzan la frontera.
Roberts también rechazó el intento del 5º Circuito de negar todo efecto legal al memorando del Secretario Mayorkas de octubre de 2021.
También rechazó la insinuación del 5º Circuito de que Mayorkas no estaba abierto a la posibilidad de que el MPP siguiera en vigor. Esto deja claro que una nueva administración presidencial puede tomar sus propias decisiones políticas basadas en su propio punto de vista y sus prioridades.
En el aspecto más debatido de la decisión, el juez Roberts sostuvo que una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad despojaba a los tribunales inferiores de su autoridad para emitir el tipo de orden judicial que exigía al gobierno de Biden restablecer la política. Sin embargo, dictaminó que el tribunal inferior sí tenía jurisdicción para conocer de la demanda en primer lugar, pero no estaba autorizado a dictar una orden judicial contra la política.
Los cuatro disidentes no estuvieron de acuerdo, diciendo que pensaban que este análisis no estaba maduro para la decisión y que creían que el tribunal inferior tenía que considerar más argumentos sobre si debería haber sido capaz de escuchar la demanda en primer lugar, a la luz de la reciente decisión del Tribunal Supremo en Alemán-González.
Esta decisión sobre la jurisdicción tendrá importantes ramificaciones para las demandas de aplicación de la ley de inmigración, limitando aún más la autoridad de los tribunales en los casos no presentados por los inmigrantes individuales. Habrá más batallas judiciales sobre lo que significa este límite, y si un tribunal puede “anular” una política en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo sin incumplir las limitaciones.
Tampoco está claro lo que significa que un tribunal atienda una demanda en un caso en el que no tiene autoridad para emitir una sentencia vinculante. Habrá años de litigios para establecer los límites de esta decisión.
A pesar de las implicaciones a largo plazo en los litigios sobre derechos civiles de los inmigrantes, la decisión del jueves fue una victoria sin paliativos para el gobierno de Biden. De momento, podrá poner fin al programa “Permanecer en México”. Pero para los solicitantes de asilo, el Título 42 sigue siendo el principal obstáculo para buscar protección en Estados Unidos, por lo que la decisión tendrá un efecto mucho más atenuado.
Para aquellos que están esperando en la frontera una oportunidad de buscar protección, algunos se beneficiarán, pero la mayoría no se verá afectada si la Corte Suprema permite a Biden terminar el programa “Permanecer en México”.
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