La revisión del sistema de asilo de la administración de Biden entró en vigor por primera vez el 31 de mayo, pero de forma limitada. Según las directrices publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la norma se aplicará inicialmente a varios cientos de solicitantes de asilo al mes. La norma sólo se aplicará a quienes sean procesados en uno de los dos centros de detención de Texas y – si ganan sus casos – pretendan residir cerca de una de las seis oficinas de asilo, en Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco.
Según la nueva norma, anunciada a finales de marzo, los solicitantes de asilo que superen una “entrevista de miedo creíble” ya no serán enviados directamente al tribunal de inmigración, donde deben presentar una solicitud de asilo en inglés para pedirlo ante un juez. En su lugar, serán enviados primero a una oficina de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) para una “entrevista de mérito de asilo”, donde su entrevista de miedo creíble contará como su solicitud de asilo.
Después de que una persona tenga una “entrevista de mérito de asilo”, que se supone que ocurre dentro de los 21 a 45 días de una entrevista de miedo creíble, un oficial de asilo concede o niega el asilo a la persona. Si el funcionario de asilo concede el asilo, el caso de la persona ha terminado y ha ganado en cuestión de semanas, en lugar de cuatro o cinco años con el sistema actual.
Sin embargo, si el funcionario de asilo lo deniega, la persona será remitida a un tribunal de inmigración para un proceso “acelerado” diseñado para resolver el caso en un plazo máximo de dos a cuatro meses. Los defensores han expresado su preocupación por el hecho de que estos plazos dificultarán mucho la obtención de abogados, ya que hay pocos que puedan aceptar casos de asilo que tengan que resolverse en cuestión de semanas.
Actualmente, la mayoría de las personas que se encuentran en la frontera no están recibiendo “entrevistas de miedo creíbles”. En su lugar, están siendo expulsados bajo el Título 42 y son enviados de vuelta a México como parte del programa “Permanecer en México”, o están siendo liberados directamente en la frontera con un aviso de comparecencia ante el tribunal. Dadas estas limitaciones y el hecho de que se trata de un programa nuevo, el DHS ha indicado que lo desplegará lentamente.
Debido a las limitaciones geográficas del programa, el impacto inicial de la norma será bastante pequeño, lo que dará al DHS y a los tribunales de inmigración tiempo para resolver los problemas de la norma. Además, la agencia tiene la intención de modificar la normativa en respuesta a las docenas de comentarios que recibió después de anunciar la norma en marzo. Muchos de los comentarios destacan las inquietudes que suscita el plazo acelerado, como lo es el tener el acceso a un abogado, la dificultad de obtener pruebas en un período de tiempo tan corto y las formas en que los plazos reducidos perjudicarán a las personas que sufren traumas.
Sin embargo, el destino de la norma a largo plazo sigue siendo incierto.
Dos demandas distintas, una presentada por Texas y otra por 20 fiscales generales republicanos, alegan que el nuevo proceso de asilo es ilegal. Su argumento principal se basa en la afirmación de que la ley que creó el DHS en 2003 prohíbe a cualquier persona que no sea un juez de inmigración atender las solicitudes de asilo de las personas que superen las entrevistas de miedo creíble. También argumentan que la nueva norma hará que llegue más gente a la frontera, a pesar de que la norma no afecta en absoluto al procesamiento en la frontera.
En ambas demandas, los jueces federales de Texas y Luisiana aún no se han pronunciado sobre la petición de los estados de bloquear la entrada en vigor de la norma. Esto significa que el gobierno de Biden podrá utilizar la norma al menos durante unas semanas o meses antes de que se produzca una decisión.
Si se bloquea la aplicación de esta norma de asilo, el gobierno de Biden podría verse bloqueado una vez más en su intento de modernizar el sistema de asilo. Aunque la norma tiene muchos defectos, también es el intento más ambicioso de cualquier administración en 25 años para repensar la forma de adjudicar las solicitudes de asilo de las personas que llegan a la frontera. Bloquear la entrada en vigor de la norma dejaría las cosas en su caótico estado actual, y el gobierno de Biden en el punto de partida.
